El Senado mexicano detuvo el avance de la iniciativa para prohibir el glifosato, argumentando limitaciones técnicas y productivas ante la ausencia de alternativas viables para el control de malezas. La decisión también consideró posibles implicaciones comerciales en el marco del T-MEC. Aunque la medida responde a la dependencia del sector agrícola de este herbicida, persiste el debate científico sobre sus riesgos para la salud y el ambiente, evidenciando los desafíos en la transición hacia insumos más sostenibles en la agricultura mexicana.